Tras realizar las correspondientes consultas con varios asesores jurídicos - entre los que se encuentran Daniel Hugo Martins, Miguel Loinaz, Gonzalo Aguirre y Álvaro Villegas- los ediles de Renovación concluyeron que “desde el punto de vista constitucional y legal, no existen argumentos jurídicos que otorguen sustento a la mencionada impugnación”. Así lo señalaron en un comunicado emitido luego de evaluar el tema en la noche del miércoles, en una reunión de la que participaron Casaretto y el abogado Álvaro Villegas.
El diputado dijo que está de acuerdo con la postura de los ediles de su sector y recordó que, si bien en otras instancias han impulsado acciones contra presuntas irregularidades surgidas desde el oficialismo, este no es el caso. “Hemos sido estrictos defensores de la ética y de la aplicación de las leyes y la normativa”, dijo Casaretto, y mencionó la denuncia del caso Satenil, otra por la asunción presuntamente ilegal de Enrique Pérez Morad como intendente, o el juicio político a De los Santos.
No obstante, consideró que aun cuando el Partido Nacional pueda ganar tiempo con la impugnación –ésta paralizará la aplicación de la nueva normativa de construcciones durante varios meses- el planteo “no tiene sustento”. Agregó que los ediles consultaron a connotados juristas y “han dicho que eso es insostenible”.
Según lo expuesto por Casaretto, los profesionales le respondieron: “si ustedes con 16 votos dijeron que para aprobar determinadas cosas se precisan 21, con los mismos 16 votos se puede bajar eso a 5, a 10, 16 o 19 votos”. En este sentido, el sector Renovación decidió no acompañar la medida de impugnación que, en un principio, fue propuesta por los ediles de la lista 23 en el legislativo comunal.
El diputado dijo que está de acuerdo con la postura de los ediles de su sector y recordó que, si bien en otras instancias han impulsado acciones contra presuntas irregularidades surgidas desde el oficialismo, este no es el caso. “Hemos sido estrictos defensores de la ética y de la aplicación de las leyes y la normativa”, dijo Casaretto, y mencionó la denuncia del caso Satenil, otra por la asunción presuntamente ilegal de Enrique Pérez Morad como intendente, o el juicio político a De los Santos.
No obstante, consideró que aun cuando el Partido Nacional pueda ganar tiempo con la impugnación –ésta paralizará la aplicación de la nueva normativa de construcciones durante varios meses- el planteo “no tiene sustento”. Agregó que los ediles consultaron a connotados juristas y “han dicho que eso es insostenible”.
Según lo expuesto por Casaretto, los profesionales le respondieron: “si ustedes con 16 votos dijeron que para aprobar determinadas cosas se precisan 21, con los mismos 16 votos se puede bajar eso a 5, a 10, 16 o 19 votos”. En este sentido, el sector Renovación decidió no acompañar la medida de impugnación que, en un principio, fue propuesta por los ediles de la lista 23 en el legislativo comunal.
