Baráibar afirmó que si desde un primer momento se hubiera aprobado una ley de estas características, “no hubiera habido lugar para la inconstitucionalidad”. Reiteró que es un impuesto distinto y que no acumula las cargas salariales y de las pasividades, “es un impuesto que además eleva los topes, se reduce la recaudación del Estado, con este impuesto es 40 millones de dólares menos; es un impuesto focalizado exclusivamente en la seguridad social”.
Sin embargo reconoció que el derecho de los ciudadanos a reclamar cuando se sienten lesionados no se puede desconocer, “y como gobierno, como ciudadano uruguayo y como jerarca del Estado, vamos a amparar esos derechos; ahora, no creemos que incluso con la actual integración de la Suprema Corte de Justicia, prospere ningún juicio de inconstitucionalidad, aunque el derecho a presentarlos es un derecho de los ciudadanos que no tenemos que objetar”.
Redactado: R.A.