El jerarca recordó que esta semana se formó un grupo integrado por la UNASEV, el Ministerio de Salud Pública y la Cámara de Empresas Médico-móviles del Uruguay tanto para responder al financiamiento que reclaman los privados como para “regular esta área tan crítica para la población y tan desorganizada en el tiempo”.
Por ejemplo, subrayó que el actual acuerdo entre las ambulancias privadas y el gobierno sólo comprende la asistencia al 911 en caso de accidentes de tránsito. “Muchas veces quedan emergencias que las tiene que hacer radio patrulla. Quedan afuera otros lesionados, como los heridos de arma blanca o de bala, o particulares que necesitan ir al hospital. Eso genera grandes inequidades, no solo en las rutas, sino en las zonas urbanas y suburbanas”, puntualizó.
Tras considerar que este es un problema “realmente grave”, señaló que “hay que solucionarlo en todos los aspectos, no sólo en cuanto a las rutas”. “Lo que estamos negociando en este momento es un nuevo acuerdo que todavía no está hecho, se está avanzando en un convenio y seguramente sobre fin de mes tendremos luz verde para empezar a actuar. Queremos que solucione estos aspectos que son los puntos más débiles que tiene la respuesta a las asistencias” por 911, aclaró Barrios.
Como se recordará, la Cámara de Empresas Médico-moviles había dado un ultimátum al gobierno ante la falta de financiación para los gastos que insumen las asistencias al 911. La intención de los empresarios es que el gobierno cubra, al menos, el 25% de los costos. El lunes pasado, firmaron un preacuerdo con el MSP y la UNASEV y resolvieron postergar la medida de interrumpir el servicio a partir del 1º de este mes. Se espera que, para el 30 de julio, alcancen una fórmula de acuerdo.
El gremio de la Policía Caminera, en tanto, había realizado una serie de reclamos y advertencias sobre la prestación del servicio de ambulancias en las rutas ya que, según entienden, los efectivos de caminera fueron excluidos del preacuerdo firmado el lunes.
Redacción: M.R.