Agregan que la dilación en su cumplimiento atenta contra la independencia y funcionamiento del Poder Judicial.
Sostienen que un estado de derecho debe velar por el acceso universal a la justicia y que quienes recurren a la misma no se vean perjudicados por un conflicto generado en el no cumplimiento de una sentencia ejecutoriada, como es el pago de la deuda.
El colegio manifiesta con firmeza la necesidad de una urgente solución para quienes han sido amparados en su reclamo evitando cualquier perjuicio a los justiciables y los operadores judiciales.