El cierre de Cambio Aspen dejó a varios extrabajadores reclamando el pago de indemnizaciones y otros haberes pendientes, reveló el periodista Eduardo Preve en su programa de streaming.
La empresa tenía sucursales en Montevideo, Colonia y Punta del Este y cesó sus actividades luego de atravesar problemas regulatorios que derivaron en medidas del Banco Central del Uruguay.
El tema volvió a cobrar notoriedad después del asalto sufrido por Daniel Pérez Montero, vinculado a la casa de cambios, en la esquina de 21 de Setiembre y Ellauri, en Punta Carretas, donde delincuentes le robaron un bolso con alrededor de US$ 20.000.
A partir de ese episodio, comenzaron a conocerse nuevamente testimonios de antiguos empleados de Aspen, quienes sostienen que el cierre los dejó sin cobrar todo lo que les correspondía por la desvinculación.
Según esos relatos vertidos en dicho programa, algunos mantienen pendientes indemnizaciones por despido y otros créditos laborales, mientras buscan conocer cuál es la situación patrimonial de la empresa y qué posibilidades existen de recuperar esos montos.
EL PASADO JUDICIAL DE DANIEL PÉREZ MONTERO
El nombre de Daniel Pérez Montero ya había quedado bajo la lupa años atrás por una causa judicial en Argentina vinculada a maniobras de lavado de activos.
El juez federal Sebastián Casanello procesó a Pérez Montero y a Mario Alberto Ribeiro Ricci, acusados de haber colaborado en el ocultamiento y blanqueo de bienes vinculados a Gustavo Gentili, exdirector del Órgano de Control de las Concesiones Viales de Argentina.
Según la investigación, los financistas uruguayos habrían operado desde Montevideo a través de Aspen Trading Corp., propiedad de Pérez Montero, para canalizar dinero proveniente de ganancias ilícitas.
La maniobra investigada incluyó el ingreso de alrededor de US$ 1 millón en una cuenta bancaria de Gentili, sin que se hubieran cumplido adecuadamente los controles previstos por la normativa uruguaya de prevención de lavado de activos.
El fallo sostuvo que esa operatoria no habría sido posible sin la participación “consciente y funcional” de los dos uruguayos. A raíz de ello, Casanello dispuso embargos por 900 millones de pesos argentinos para cada uno.
Pérez Montero también fue sancionado por el sistema financiero uruguayo. El Banco Central del Uruguay le aplicó una multa de US$ 7.000 por no haber informado su situación judicial, una obligación prevista para accionistas de casas de cambio.
Además, su nombre aparece mencionado en una investigación en Brasil, donde fue denunciado por presuntos delitos vinculados a evasión de divisas y participación en una organización criminal.
AUDIOS Y DOCUMENTACIÓN DE EXTRABAJADORES
En paralelo, antiguos empleados de Aspen aportaron audios y documentación sobre el funcionamiento interno de la firma antes del cierre al periodista Eduardo Preve.
AEse material deberá ser analizado y contrastado para establecer si contiene elementos de interés laboral, financiero o penal.
El caso deja así dos planos abiertos: por un lado, la situación de los trabajadores que perdieron sus empleos y aún reclaman lo que les corresponde; por otro, el historial judicial y financiero de quien estuvo al frente de la casa de cambios.
La empresa tenía sucursales en Montevideo, Colonia y Punta del Este y cesó sus actividades luego de atravesar problemas regulatorios que derivaron en medidas del Banco Central del Uruguay.
El tema volvió a cobrar notoriedad después del asalto sufrido por Daniel Pérez Montero, vinculado a la casa de cambios, en la esquina de 21 de Setiembre y Ellauri, en Punta Carretas, donde delincuentes le robaron un bolso con alrededor de US$ 20.000.
A partir de ese episodio, comenzaron a conocerse nuevamente testimonios de antiguos empleados de Aspen, quienes sostienen que el cierre los dejó sin cobrar todo lo que les correspondía por la desvinculación.
Según esos relatos vertidos en dicho programa, algunos mantienen pendientes indemnizaciones por despido y otros créditos laborales, mientras buscan conocer cuál es la situación patrimonial de la empresa y qué posibilidades existen de recuperar esos montos.
EL PASADO JUDICIAL DE DANIEL PÉREZ MONTERO
El nombre de Daniel Pérez Montero ya había quedado bajo la lupa años atrás por una causa judicial en Argentina vinculada a maniobras de lavado de activos.
El juez federal Sebastián Casanello procesó a Pérez Montero y a Mario Alberto Ribeiro Ricci, acusados de haber colaborado en el ocultamiento y blanqueo de bienes vinculados a Gustavo Gentili, exdirector del Órgano de Control de las Concesiones Viales de Argentina.
Según la investigación, los financistas uruguayos habrían operado desde Montevideo a través de Aspen Trading Corp., propiedad de Pérez Montero, para canalizar dinero proveniente de ganancias ilícitas.
La maniobra investigada incluyó el ingreso de alrededor de US$ 1 millón en una cuenta bancaria de Gentili, sin que se hubieran cumplido adecuadamente los controles previstos por la normativa uruguaya de prevención de lavado de activos.
El fallo sostuvo que esa operatoria no habría sido posible sin la participación “consciente y funcional” de los dos uruguayos. A raíz de ello, Casanello dispuso embargos por 900 millones de pesos argentinos para cada uno.
Pérez Montero también fue sancionado por el sistema financiero uruguayo. El Banco Central del Uruguay le aplicó una multa de US$ 7.000 por no haber informado su situación judicial, una obligación prevista para accionistas de casas de cambio.
Además, su nombre aparece mencionado en una investigación en Brasil, donde fue denunciado por presuntos delitos vinculados a evasión de divisas y participación en una organización criminal.
AUDIOS Y DOCUMENTACIÓN DE EXTRABAJADORES
En paralelo, antiguos empleados de Aspen aportaron audios y documentación sobre el funcionamiento interno de la firma antes del cierre al periodista Eduardo Preve.
AEse material deberá ser analizado y contrastado para establecer si contiene elementos de interés laboral, financiero o penal.
El caso deja así dos planos abiertos: por un lado, la situación de los trabajadores que perdieron sus empleos y aún reclaman lo que les corresponde; por otro, el historial judicial y financiero de quien estuvo al frente de la casa de cambios.
