Este viernes 27 concretaron un paro por 24 horas sin guardia gremial, decretado por la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay “en defensa del Poder Judicial y el Estado de Derecho como garantía de la ciudadanía, por el respeto a la separación de poderes, en defensa de la constitución, por incumplimiento de sentencias judiciales, y por incumplimiento del incremento salarial del 26% acordado en 2011”.
El trabajo se normalizará el lunes pero el conflicto continuará por la vía jurídica, afirmó Ferreira, ya que seguir con los paros puede generar “un desgaste inútil” y enfrentamientos entre los trabajadores por medidas que conllevan pérdidas del salario.
Para el 16 de marzo, esperan una sentencia favorable en el juicio interpuesto en agosto pasado debido al incumplimiento. El 18 de marzo habrá una asamblea extraordinaria donde se evaluará el fallo y se verá si toman nuevas medidas o esperan a que continúe el proceso de la sentencia.
Por otra parte, Ferreira informó que en los primeros días de marzo presentarán un tercer recurso de inconstitucionalidad contra la ley 19.310, aprobada en diciembre por el oficialismo. En su opinión, esta ley tiene disposiciones que perjudican a los trabajadores que reclaman lo que les deben y a los usuarios de la Justicia, que se verán impedidos de entablar demandas contra el Poder Judicial si se sienten lesionados por éste.
(foto: archivo El País)
El trabajo se normalizará el lunes pero el conflicto continuará por la vía jurídica, afirmó Ferreira, ya que seguir con los paros puede generar “un desgaste inútil” y enfrentamientos entre los trabajadores por medidas que conllevan pérdidas del salario.
Para el 16 de marzo, esperan una sentencia favorable en el juicio interpuesto en agosto pasado debido al incumplimiento. El 18 de marzo habrá una asamblea extraordinaria donde se evaluará el fallo y se verá si toman nuevas medidas o esperan a que continúe el proceso de la sentencia.
Por otra parte, Ferreira informó que en los primeros días de marzo presentarán un tercer recurso de inconstitucionalidad contra la ley 19.310, aprobada en diciembre por el oficialismo. En su opinión, esta ley tiene disposiciones que perjudican a los trabajadores que reclaman lo que les deben y a los usuarios de la Justicia, que se verán impedidos de entablar demandas contra el Poder Judicial si se sienten lesionados por éste.
(foto: archivo El País)
