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El comunicado de ADIPE CIDEM (Inmobiliarias de Punta del Este y Maldonado), ADICCA (Asociación de Inmobiliarias de la Costa de Canelones), CIR (Cámara Inmobiliaria de Rocha) y CIC (Cámara Inmobiliaria de Colonia) establece lo siguiente:

Estamos sumergidos en medio de un lodazal, sin que aparezca la tabla salvadora que impida que nos terminemos de hundir. Hay más propiedades construidas, hay mayor cantidad de turistas ingresando al País, pero paradójicamente, las inmobiliarias hacen menos operaciones (solo el 18% del mercado).

El año anterior, aproximadamente medio centenar cerraron sus puertas, dejando sin trabajo a muchos empleados, porque contrariamente a lo que muchos creen, la mayor parte de las inmobiliarias, no son multinacionales que se llevan el dinero al exterior, sino que son pequeños negocios familiares, que se suceden de generación en generación. Este año que pasó, puede arrojar cifras aún más alarmantes.

Hace algunos años, denunciábamos que obligar a las inmobiliarias a ser agente de retención del Impuesto a la Renta, provocaría incrementar el comercio informal. Hoy es un hecho. De cada cien alquileres realizados, solo dieciocho, se realizan en negocios formales, y se pagan los impuestos. Para colmo de males, el gremio inmobiliario, aparece salpicado por noticias de agentes que han estafado a un importante número de turistas.

Cabría preguntarse, quien les ha dado los permisos para ejercer esta actividad, y que recaudos se tomaron para habilitarlos. Hace casi medio siglo, que pedimos la promulgación de la Ley del Operador Inmobiliario, (somos el único país de Latinoamérica, que no cuenta con una ley), para brindar mayor protección a los clientes, sin obtener respuesta a nuestras solicitudes. Nunca hicimos una manifestación, nunca realizamos una pintada de muros, siempre apostamos al diálogo, y tal vez por eso, nunca se nos ha tomado en cuenta.

Las consecuencias están a la vista: el estado pierde dinero ya que recauda menos – los agentes inmobiliarios cierran sus puertas - los inquilinos e inversores se encuentran desprotegidos al no contar con un servicio profesional adecuado, que los asesore, y con toda seguridad, quedarán muchos trabajadores en la calle.

Tal vez, ha llegado el momento, de tomar el camino que siempre nos negamos a transitar.

EL PROBLEMA SE AMPLIA A TODO EL PAÍS

Jorge Díaz, presidente de ADIPECIDEM, dijo a FM Gente que el problema no afecta solo a las inmobiliarias de Punta del Este. “Hace tiempo que esto se está gestando. Han permitido se haya ampliado a toda la costa y seguramente a todo el país”, señaló.

Dijo que, de acuerdo a los informes que manejan, “al terminar la temporada 2014-2015 el sector inmobiliario de Punta del Este tenía el 18% de las operaciones… Y no hemos querido hurgar en la actualidad, aunque tenemos alguna información al respecto, y estoy seguro que ahora es mucho menos. Ha bajado, sin ninguna duda”.

Destacó que este comunicado es fruto de la consternación y la desilusión que tiene el sector “por ser absolutamente desoído y absolutamente abandonado. No hay ninguna fiscalización de ningún tipo. Ni siquiera hay una intención de fiscalizar”.

Señaló que, pese a la aprobación “de algo muy chiquito”, de una ley “muy general” por parte del Parlamento sobre el tema, “nuestros sector no está depuesto a callarse más. Vamos a luchar hasta donde sea posible, siempre dentro del marco legal, como corresponde, para que nuestro sector no desaparezca”, prometió.

También señaló que “la triste realidad” es “que nos sabemos que va a pasar con nuestro sector, que da ocupación a 35 mil personas, de aquí en más”.

Sostuvo que la informalidad en esta actividad creció del 30 al 80%. “Es el camino inverso respecto a lo que ha ocurrido en otros sectores. Y no podemos entender por qué el Estado abandona a este sector y nadie lo explica”, remarcó.

Anunció que ya se está trabajado en la concreción de una plataforma digital para Punta del Este, pese al costo que tiene. Dijo que este proyecto se va a hacer conjuntamente con el Estado. “Pero ese no es problema… Nos vamos a ‘aggiornar’. Pero lo vamos a hacer sobre la base de pagar impuestos. Pero las plataformas que están operando en Punta del Este y en el Uruguay no pagan ningún impuesto. Como tampoco lo pagan las transacciones particulares”, subrayó.

Destacó que no sabe cuál será la resolución que tomará la próxima asamblea, que se realizará seguramente en marzo, en cuanto a las medidas a adoptar para hacer frente a esta problemática. “Nadie sabe lo que puede pasar” afirmó.