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Recordemos algunos aspectos de este proceso judicial, hstoriando algunas instancias.

La jueza civil Claudia Muguiro desestimó, en abril de 2013, el pedido de nulidad promovido por la Intendencia de Maldonado en el juicio que le sigue la firma Ramón C. Álvarez por daños y perjuicios, porque los abogados municipales dejaron pasar el plazo para contestar la demanda.

Precisamente la Dra. Salazar, argumentó, en mayo del año pasado, en FM GENTE, que la justicia notificó mal a la comuna sobre los plazos para responder a esta millonaria demanda realizada contra la intendencia por la empresa Ramón Álvarez.

Salazar declinó, en aquel entonces "opinar sobre el funcionamiento de la Justicia", pero más de una vez consideró "llamativo" que el juzgado haya entregado a la Intendencia notificaciones con "errores formales" en todas las instancias vinculadas a acciones de la empresa Ramón C. Álvarez.

Aseguró que en aquel caso, la funcionaria judicial llegó a la intendencia fuera del horario que establece la Suprema Corte de Justicia para las notificaciones y lo hizo sin entregar las tres vías idénticas que se exigen. Además, corrigió a mano una fecha, lo que tampoco puede hacerse, decía Salazar en ese entonces.

Esto generó que, para la intendencia, el vencimiento del plazo para responder la demanda fuera el 26 mientras que la jueza de 5º turno interpretó que era un 25, señaló Salazar en FM Gente, el año pasado.

Explicó que, como la notificación fue entregada fuera de hora, se interpreta que hay un día más de plazo para responder a la demanda. Por eso sostuvo que el plazo debía vencer el 27 y la intendencia respondió el 26, "un día antes".

Según Salazar, la jueza reconoció "errores formales" en la notificación y también lo hizo la funcionaria, que admitió haber ido "apurada" y sin haber tomado las previsiones para cumplir con lo establecido para estos casos. No obstante, al interpretar la corrección manuscrita de la fecha, la magistrada consideró que había escrito un 5 y no un 6, por lo cual no hizo lugar al escrito de la comuna presentado el 26 de abril.


La directora enfatizó que que la Intendencia apeló el fallo civil con la convicción de que el Tribunal de Apelaciones le dará la razón.


UN JUICIO MILLONARIO

La exconcesionaria de los servicios de recolección de residuos domiciliarios del departamento de Maldonado le reclama $ 46.287.739 a la administración del intendente Oscar de los Santos.

En un extenso fallo de 31 páginas, la magistrada sostuvo que la Intendencia fue notificada el 25 de marzo de 2010 de la demanda iniciada en su contra por la empresa Ramón C. Álvarez SA.

Empero, los abogados de la comuna dejaron pasar el plazo de treinta días que fija el Código General del Proceso para contestar la demanda y la reconvención (contra demanda). Lo concretaron un día después de vencida la fecha establecida por la referida norma.

Por consiguiente, y de conformidad con el dictamen del Fiscal en lo Civil, la jueza Muguirio dispuso desestimar la demanda incidental de nulidad, y ordenó cargar las costas a la Intendencia.

El intendente Oscar de los Santos, a fines de octubre de 2007, revocó el contrato de concesión de la firma, la que, de todos modos, continuó prestando servicios amparándose en el contrato que tenía firmado con la Intendencia hasta 2009.

Poco después, la Intendencia de Maldonado convocó a una licitación pública internacional para conceder los servicios. La licitación fue adjudicada a la firma Qualix Ecotecno Maldonado.

Una resolución del jefe comunal desafectó a Ramón Álvarez SA de los servicios, que pasaron a ser prestados por la empresa adjudicataria. La ahora demandante interpuso dos procesos judiciales. Uno ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con el objetivo de anular el acto administrativo que concedió los servicios a Qualix Ecotecno (demanda que fue desestimada) y, en forma paralela, demandó a la Intendencia por daños y perjuicios, por entender que fue desafectada del trabajo cuando tenía todavía casi un año de contrato.

Fue de este proceso sobre el que en su momento se expresó la justicia.

Ahora la intendencia informará sobre la marcha del referido proceso judicial.




Fuentes: IMM, El País y propias (FM GENTE)