Organizaciones nucleadas en la Red Ambiental Piriápolis y Alrededores, junto con la Unidad de Denuncia Ambiental Ciudadana, se reunieron este miércoles 7 con las comisiones de Ambiente y de Planeamiento de la Junta Departamental.
Las organizaciones exigieron una veda cautelar contra el avance de urbanizaciones en Piriápolis y Solís que suman unas 400 hectáreas aproximadamente. Estos desarrollos denunciados son canalizados a través de los Programas de Actuación Integrada (PAI) y exigen la transformación del uso del suelo rural a urbano.
De acuerdo con lo manifestado por las organizaciones en la audiencia, la aprobación sistemática de estas nuevas urbanizaciones se está ejecutando sin una mirada integral del territorio. Denuncian que esto viene generando inundaciones, contaminación hídrica y una creciente saturación de los servicios básicos.
OCHO CARPETAS DE DENUNCIAS SIN RESPUESTA
En la comparecencia de este miércoles, las organizaciones presentaron ocho carpetas de denuncias radicadas desde 2022 y que hasta la fecha no han sido respondidas.
Estas denuncias contienen informes técnicos y registros fotográficos exhaustivos, señalaron representantes de las organizaciones a FM GENTE, que evidencian relleno no autorizado e interrupción de humedales; canalización e impermeabilización arbitraria de cañadas y arroyos; tala indiscriminada y destrucción de monte nativo y bosques mixtos, y focos diversos de contaminación hídrica y del suelo.
A través de un comunicado público, los denunciantes manifestaron que sus reclamos “caen de forma reiterada en una bolsa de ilícitos ambientales sin respuesta institucional”, calificando la situación como “alarmante”.
“Ni los organismos municipales, ni los departamentales, ni los nacionales han implementado planes de control efectivos, medidas de restauración ambiental o sanciones ejemplarizantes para quienes vulneran las normativas", concluyeron.
Fotos cedidas a FM GENTE
Las organizaciones exigieron una veda cautelar contra el avance de urbanizaciones en Piriápolis y Solís que suman unas 400 hectáreas aproximadamente. Estos desarrollos denunciados son canalizados a través de los Programas de Actuación Integrada (PAI) y exigen la transformación del uso del suelo rural a urbano.
De acuerdo con lo manifestado por las organizaciones en la audiencia, la aprobación sistemática de estas nuevas urbanizaciones se está ejecutando sin una mirada integral del territorio. Denuncian que esto viene generando inundaciones, contaminación hídrica y una creciente saturación de los servicios básicos.
OCHO CARPETAS DE DENUNCIAS SIN RESPUESTA
En la comparecencia de este miércoles, las organizaciones presentaron ocho carpetas de denuncias radicadas desde 2022 y que hasta la fecha no han sido respondidas.
Estas denuncias contienen informes técnicos y registros fotográficos exhaustivos, señalaron representantes de las organizaciones a FM GENTE, que evidencian relleno no autorizado e interrupción de humedales; canalización e impermeabilización arbitraria de cañadas y arroyos; tala indiscriminada y destrucción de monte nativo y bosques mixtos, y focos diversos de contaminación hídrica y del suelo.
A través de un comunicado público, los denunciantes manifestaron que sus reclamos “caen de forma reiterada en una bolsa de ilícitos ambientales sin respuesta institucional”, calificando la situación como “alarmante”.
“Ni los organismos municipales, ni los departamentales, ni los nacionales han implementado planes de control efectivos, medidas de restauración ambiental o sanciones ejemplarizantes para quienes vulneran las normativas", concluyeron.
Fotos cedidas a FM GENTE
