Graña explicó que los dichos de Antonini revisten gravedad y que, además, “igualan” o ponen en calidad de “sospecha” a los más de cien trabajadores de Las Rosas, entre los que hay civiles (operadores penitenciarios) y policías.
UNIPOLMA sostiene que, en su calidad de representantes ambas categorías de funcionarios, se sienten “agraviados por las expresiones públicamente vertidas por el legislador en virtud de que públicamente se realiza la aseveración de una situación sin especificación alguna, lo cual compromete y expone el honor y la dignidad de todo el personal que presta funciones en ese centro carcelario”.
Graña explicó que, en la reunión con el máximo jerarca de Las Rosas, el gremio fue puesto al tanto de cómo se había manejado la situación y que el sindicato está conforme y también aguardará el pronunciamiento de la justicia, aunque puntualizó que aún “no se sabe” si lo denunciado es real o el alcance del tema. Sin embargo, Graña confirmó que se trata de tres denuncias, sobre tres supuestos hechos ocurrido uno en 2020 y dos este año. Los denunciados son trabajadores de las dos categorías (policías y operadores penitenciarios) que habrían cometido abuso contra hombres y mujeres privados de libertad.
“El hecho ventilado es de una situación muy delicada, como lo son los atinentes de índole sexual, que atentan no solo contra la integridad física sino también psicológica de quien pudiera ser víctima y lesionan moralmente a los presuntos involucrados tiñendo su imagen, dignidad y honor”, dice UNIPOLMA.
“La información que se tenga, no puede ser divulgada con la liviandad con la que lo hizo el Sr Legislador”, afirma el gremio y agrega que “casos como estos, donde debe primar la seriedad y el respeto de las partes que puedan estar involucradas, no deben ser utilizados con el fin de empañar la imagen de la institución policial”.
Graña dijo que aspiran a que Antonini “aclare, puntualice y, si corresponde, haga una disculpa pública” y, asimismo, que evaluarán si corresponde promover acciones legales. “Si hay hechos concretos, con la debida prueba que avale los mismos” que sean denunciados como corresponde, explicó, “y no continúen incurriendo en aseveraciones que enmarquen la generalidad de una dependencia policial afectando el honor de todos los integrantes que pertenecen a ese instituto”.
El directivo también recordó que los funcionarios quedan expuestos al escarnio público, “lo que causa daños irreparables, no sólo en su persona sino también en su entorno familiar y social”. No obstante, remarcó que es necesario que si se comprueba lo denunciado, debe recaer en los responsables las sanciones que correspondan.
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UNIPOLMA sostiene que, en su calidad de representantes ambas categorías de funcionarios, se sienten “agraviados por las expresiones públicamente vertidas por el legislador en virtud de que públicamente se realiza la aseveración de una situación sin especificación alguna, lo cual compromete y expone el honor y la dignidad de todo el personal que presta funciones en ese centro carcelario”.
Graña explicó que, en la reunión con el máximo jerarca de Las Rosas, el gremio fue puesto al tanto de cómo se había manejado la situación y que el sindicato está conforme y también aguardará el pronunciamiento de la justicia, aunque puntualizó que aún “no se sabe” si lo denunciado es real o el alcance del tema. Sin embargo, Graña confirmó que se trata de tres denuncias, sobre tres supuestos hechos ocurrido uno en 2020 y dos este año. Los denunciados son trabajadores de las dos categorías (policías y operadores penitenciarios) que habrían cometido abuso contra hombres y mujeres privados de libertad.
“El hecho ventilado es de una situación muy delicada, como lo son los atinentes de índole sexual, que atentan no solo contra la integridad física sino también psicológica de quien pudiera ser víctima y lesionan moralmente a los presuntos involucrados tiñendo su imagen, dignidad y honor”, dice UNIPOLMA.
“La información que se tenga, no puede ser divulgada con la liviandad con la que lo hizo el Sr Legislador”, afirma el gremio y agrega que “casos como estos, donde debe primar la seriedad y el respeto de las partes que puedan estar involucradas, no deben ser utilizados con el fin de empañar la imagen de la institución policial”.
Graña dijo que aspiran a que Antonini “aclare, puntualice y, si corresponde, haga una disculpa pública” y, asimismo, que evaluarán si corresponde promover acciones legales. “Si hay hechos concretos, con la debida prueba que avale los mismos” que sean denunciados como corresponde, explicó, “y no continúen incurriendo en aseveraciones que enmarquen la generalidad de una dependencia policial afectando el honor de todos los integrantes que pertenecen a ese instituto”.
El directivo también recordó que los funcionarios quedan expuestos al escarnio público, “lo que causa daños irreparables, no sólo en su persona sino también en su entorno familiar y social”. No obstante, remarcó que es necesario que si se comprueba lo denunciado, debe recaer en los responsables las sanciones que correspondan.
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