De León afirmó que el Poder Judicial no fue incluido en la Ley de Presupuesto, “para el Poder Judicial no hay rubros”, aseveró. Esto implica que deberá seguir funcionando con el mismo dinero que funcionó el quinquenio anterior.
Explicó que las propuestas de creación de cargos, centros de mediación que han tenido resultados positivos, extenderse a todas las ciudades, el nombramiento de defensores de oficios y la idea de construir locales propis para disminuir el pago de alquileres y distribuir mejor los recursos, no podrán llevarse a cabo ya que “los recursos no dan”.
“No habrá aumentos salariales para ningún funcionario del Poder Judicial”, dijo y comparó la situación con el anterior quinquenio.
En cuanto al cuestionamiento del artículo 677 planteó que establece una diferencia en cuanto a la posición del Estado ante los juicios de sus trabajadores.
Sostuvo que cuando un particular hace un juicio contra el Estado y la sentencia es favorable y queda firme, se oficia el Ministerio de Economía, liberan los fondos y cobra su sentencia.
Pero no así cuando lo hace un funcionario público. En el caso de tener sentencia firme se hace oficio el Ministerio de Economía pero este evalúa si conviene al presupuesto quinquenal hacer esa erogación de dinero, si considera que no pasa al siguiente presupuesto, “teniendo el derecho de cobrar algo no se establece una fecha para que se concrete el pago”, constató De León.
En Maldonado los funcionarios irán recorriendo los Juzgados para marchar hasta la Plaza San Fernando, donde estarán hasta las 17:00 horas repartiendo volantes e informando sobre sus reclamos.
Explicó que las propuestas de creación de cargos, centros de mediación que han tenido resultados positivos, extenderse a todas las ciudades, el nombramiento de defensores de oficios y la idea de construir locales propis para disminuir el pago de alquileres y distribuir mejor los recursos, no podrán llevarse a cabo ya que “los recursos no dan”.
“No habrá aumentos salariales para ningún funcionario del Poder Judicial”, dijo y comparó la situación con el anterior quinquenio.
En cuanto al cuestionamiento del artículo 677 planteó que establece una diferencia en cuanto a la posición del Estado ante los juicios de sus trabajadores.
Sostuvo que cuando un particular hace un juicio contra el Estado y la sentencia es favorable y queda firme, se oficia el Ministerio de Economía, liberan los fondos y cobra su sentencia.
Pero no así cuando lo hace un funcionario público. En el caso de tener sentencia firme se hace oficio el Ministerio de Economía pero este evalúa si conviene al presupuesto quinquenal hacer esa erogación de dinero, si considera que no pasa al siguiente presupuesto, “teniendo el derecho de cobrar algo no se establece una fecha para que se concrete el pago”, constató De León.
En Maldonado los funcionarios irán recorriendo los Juzgados para marchar hasta la Plaza San Fernando, donde estarán hasta las 17:00 horas repartiendo volantes e informando sobre sus reclamos.
